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La vicegobernadora Teresita Madera y el intendente Rodrigo Brizuela y Doria encabezaron los actos por el 386° aniversario de la localidad, destacando la articulación provincial y municipal.
La vicegobernadora participó de un encuentro junto a UNICEF para articular políticas públicas enfocadas en el bienestar de niños, niñas y adolescentes en La Rioja.
El ministro de Seguridad, Miguel Zárate, confirmó que su nombre es considerado para la Fiscalía General, aunque aclaró que no recibió una propuesta formal del gobernador.
El gobierno provincial presentó una iniciativa para refinanciar pasivos familiares, reducir tasas de interés y fomentar la reactivación del consumo local mediante un esquema de esfuerzo compartido.
El amarre del buque VS Promise en el puerto de Ushuaia desató un cruce de declaraciones entre el Gobierno nacional y la administración de Tierra del Fuego, reavivando el debate sobre la Ley Gaucho Rivero.
Los mandatarios provinciales avanzan en la formalización de un esquema unificado de tarifas eléctricas subsidiadas para zonas cálidas, buscando aliviar el impacto del consumo estival.
El intendente Luis Flores y el gobernador Ricardo Quintela coordinaron los preparativos para la visita de representantes de ONU Turismo y avanzaron en proyectos de infraestructura.
El Gobierno de La Rioja, en articulación con CILSA y la senadora Florencia López, inició un operativo para distribuir más de 150 elementos ortopédicos en toda la provincia.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó al jefe de Gabinete por las negociaciones legislativas en torno a la reforma electoral y la mudanza de la base aeronaval de Punta Indio.
El Gobierno de La Rioja implementó un régimen de protección para usuarios de servicios financieros ante el aumento de la presión por deudas de consumo.
El Gobierno provincial solicitó participar en la causa judicial que investiga el destino de fondos del Sistema Vial Integrado, denunciando una subejecución del 73,8% en obras nacionales.
El gobernador de La Rioja presentó una denuncia contra funcionarios nacionales por el supuesto uso irregular de fondos del Sistema Vial Integrado destinados a obras estratégicas.