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QUINTELA DENUNCIÓ AL GOBIERNO NACIONAL POR EL PRESUNTO DESVÍO DE $1 BILLÓN

El gobierno de La Rioja se constituyó como querellante en una causa judicial que investiga el presunto desvío de más de $1 billón del Sistema Vial Integrado (SisVial), fondos que habrían sido utilizados para fines financieros en lugar de la ejecución de obras viales.

Quintela denunció al Gobierno Nacional por el desvío de $1 billón
Quintela denunció al Gobierno Nacional por el desvío de $1 billón Foto: Nuevarioja Politica

La información surge de la presentación realizada por el gobierno provincial ante la justicia, en el marco de una investigación que también involucra denuncias previas de legisladores nacionales.

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Detalles de la presentación judicial

La denuncia, presentada por el abogado Jorge Yoma en representación de la provincia, apunta contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y otros funcionarios. Se investigan presuntos delitos de defraudación a la Administración Pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El origen de la investigación

La causa se centra en el destino de los fondos del SisVial. Según la presentación, existen indicios de que estas partidas, originalmente destinadas a infraestructura, habrían sido colocadas en inversiones financieras como títulos públicos y plazos fijos para contribuir al equilibrio fiscal.

Impacto en obras estratégicas

La provincia enfatizó el perjuicio derivado de la paralización de obras viales clave. Entre los proyectos mencionados destaca el Corredor Bioceánico, que conecta La Rioja con Chile a través de Chilecito y Pircas Negras, calificado como una obra de interés estratégico nacional.

Antecedentes y medidas judiciales

Esta acción se suma a una denuncia penal previa realizada por la diputada Victoria Tolosa Paz en los tribunales de Comodoro Py. En dicho expediente, el juez federal Ernesto Kreplak intimó al Gobierno nacional a brindar explicaciones sobre el uso de estos recursos en un plazo de tres días.

La justicia federal deberá determinar ahora la veracidad de las acusaciones y si efectivamente existió una irregularidad en el manejo de los fondos del SisVial, mientras el Gobierno nacional enfrenta la presión judicial para reactivar las obras viales paralizadas.

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