El Gobierno cruzó a ATE por las protestas en el hospital Garrahan

La controversia en torno a la situación interna del Hospital Garrahan sumó un nuevo capítulo este miércoles, ya que el Gobierno respondió con una serie de argumentos a las denuncias de desfinanciamiento y congelamiento de personal impulsadas por sectores grem...

La respuesta oficial sobre salarios e insumos

Desde el Gobierno nacional rechazaron las acusaciones de desfinanciamiento y aseguraron que los haberes del personal aumentaron más de un 80% en el último año. Según explicaron, el incremento del 61% registrado en noviembre pasado fue fruto del ordenamiento de las cuentas públicas y no de presiones sindicales.

Asimismo, el Ejecutivo desmintió las denuncias sobre faltantes de insumos médicos o medicamentos, al afirmar que todos los pacientes reciben la cobertura necesaria y que las acusaciones de desabastecimiento carecen de sustento real.

Cuestionamientos a la representatividad gremial

Las fuentes oficiales pusieron en duda la representatividad de la Junta Interna de ATE al señalar que no constituye el sindicato mayoritario dentro del hospital. De acuerdo con los datos brindados, la base de afiliados del gremio ronda los 380 trabajadores, lo que representa menos del 10% de la planta total del establecimiento.

En cuanto a las denuncias por falta de contrataciones y deficiencias edilicias, el Gobierno negó un congelamiento de personal y aclaró que el hospital realiza incorporaciones según las necesidades operativas para mantener la calidad de atención.

El estado de la infraestructura

Sobre las críticas al estado del edificio, el Gobierno reconoció que recibieron un centro de salud con equipamiento y camas de más de 30 años de antigüedad. No obstante, remarcaron que el proceso de mejora es gradual y que se está trabajando para revertir años de falta de inversión en la institución.

La protesta convocada por el sector gremial para este jueves mantiene la expectativa sobre el funcionamiento del centro pediátrico, mientras el Gobierno insiste en que las medidas de fuerza responden a intereses electorales y no a necesidades reales de los trabajadores.