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Expulsan a dos policías por realizar préstamos clandestinos y retener tarjetas

El Gobierno de La Rioja oficializó la expulsión de dos efectivos de la Policía de la Provincia tras una investigación administrativa que confirmó su participación en una red de préstamos clandestinos. La medida, formalizada mediante un decreto firmado por el gobernador Ricardo Quintela y el ministro de Seguridad, Miguel Zárate, sanciona conductas consideradas incompatibles con la función policial.

Expulsan a dos policías por realizar préstamos clandestinos
Expulsan a dos policías por realizar préstamos clandestinos Foto: Tiempo Popular

La información fue difundida inicialmente por Tiempo Popular, detallando el alcance de la investigación administrativa realizada por el Ministerio de Seguridad y la fuerza policial.

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Detalles de la investigación administrativa

La investigación administrativa determinó que los efectivos, identificados como el oficial principal Carrizo y el cabo Loyola, llevaban a cabo una actividad lucrativa sostenida y clandestina. Según el expediente, los agentes retenían tarjetas de débito de sus clientes y gestionaban sus claves de acceso a cajeros automáticos para asegurar el cobro de los préstamos.

Prácticas de cobro y abuso de autoridad

Se constató que los involucrados obligaban a los damnificados a firmar pagarés en blanco o con datos incompletos. Las autoridades calificaron estas prácticas como usurarias, destacando la gravedad de que funcionarios policiales se aprovecharan de personas en situaciones de vulnerabilidad económica.

Fundamentos de la sanción

El decreto gubernamental subraya que el estado policial es incompatible con este tipo de actividades. La decisión se fundamenta en la necesidad de proteger a la ciudadanía y mantener la integridad de la institución, sancionando el abuso de autoridad y la explotación financiera de terceros.

La expulsión de los efectivos marca un precedente en la política de control interno del Ministerio de Seguridad, reafirmando la postura del Gobierno provincial frente a conductas que vulneran los deberes de los funcionarios públicos.

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