EL GOBIERNO ENDURECE LAS SANCIONES A EMPRESAS QUE OPEREN EN MALVINAS

La información fue difundida por la Cancillería argentina tras la publicación de un documento británico que sostiene la falta de jurisdicción argentina sobre las operaciones comerciales en el archipiélago.

La postura argentina frente a la guía británica

El Ejecutivo nacional desestimó los argumentos presentados por Londres, subrayando que ninguna decisión comercial privada o guía extranjera puede prevalecer sobre el derecho nacional e internacional. La Cancillería enfatizó que la legislación vigente, incluyendo las leyes 26.659 y 26.915, junto con el Decreto 868/2026, constituye el marco legal inalterable para sancionar cualquier intervención en actividades no autorizadas en la plataforma continental.

Acciones legales y procedimientos en curso

El Gobierno detalló el alcance de su ofensiva administrativa y judicial. Hasta el momento, se han enviado cerca de 180 notas de advertencia a personas físicas y jurídicas en 30 países. Asimismo, existen 60 procedimientos administrativos en marcha y la Sindicatura General de la Nación ha impulsado tres denuncias penales que involucran a 10 empresas y sus directivos.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno nacional presentó previamente una denuncia contra cinco empresas por actividades de hidrocarburos en las Islas Malvinas y ordenó priorizar la Base Naval Integrada en el Presupuesto 2027.

Foco en el proyecto Sea Lion

Uno de los puntos centrales de la controversia es el proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. La Cancillería cuestionó explícitamente a las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, señalando que las licencias otorgadas para la explotación de hidrocarburos son ilegítimas. En este marco, se han convocado a los embajadores del Reino Unido, Irlanda del Norte e Israel para transmitir formalmente las objeciones argentinas.

El Gobierno reafirmó que, pese a estas medidas, mantiene su disposición a reanudar negociaciones bilaterales con el Reino Unido para discutir la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, bajo el marco de las resoluciones de las Naciones Unidas.