EL GOBIERNO ASEGURA QUE EL PROYECTO SOBRE MALVINAS NO AFECTARÁ EMPRESAS DE EE.UU.
El Gobierno nacional ratificó su intención de impulsar el proyecto que amplía las sanciones por la explotación de recursos en las Islas Malvinas, al tiempo que relativizó las presiones diplomáticas provenientes de Estados Unidos sobre el alcance de la norma.
La información fue reportada originalmente por Nuevarioja Política tras los intercambios registrados entre la Casa Rosada y representantes de la administración estadounidense.
Alcance de la normativa y relación bilateral
Desde el Ejecutivo nacional admitieron la existencia de contactos con funcionarios de Estados Unidos respecto a la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. No obstante, aclararon que no se trató de una exigencia formal para retirar la iniciativa, sino de consultas sobre las consecuencias de un régimen sancionatorio amplio.
El punto de mayor sensibilidad refiere a la posible aplicación de penalidades contra fondos de inversión con participación en empresas que operan en el Atlántico Sur. Fuentes oficiales descartaron avanzar contra actores de gran peso, como BlackRock, si esto compromete la relación bilateral, aunque aclararon que no existen excepciones formales incorporadas al texto del proyecto.
Detalles del proyecto y situación parlamentaria
La iniciativa, presentada el 17 de septiembre, busca reemplazar la Ley 26.659 para ampliar las prohibiciones sobre la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables. El Gobierno mantiene su foco en el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, sobre el cual el presidente Javier Milei ha ratificado el reclamo de soberanía.
En el plano legislativo, el oficialismo postergó nuevamente el plenario de comisiones necesario para obtener dictamen. Las dificultades radican en diferencias con bloques aliados respecto a capítulos de seguridad nacional y defensa, mientras que el Ejecutivo insiste en tratar el paquete de forma integral sin dividir las sanciones vinculadas a Malvinas.
Mientras las negociaciones con bloques como el PRO y la UCR continúan, la Secretaría Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal Murphy, busca destrabar los acuerdos parlamentarios mediante la propuesta de una comisión bicameral de seguimiento, manteniendo por el momento la cautela en la aplicación de sanciones definitivas.
Fuentes consultadas
- Medio citadoNuevarioja Politica
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