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Constitucionalista analiza los alcances de la ley de propiedad privada y el freno a la extranjerización de tierras

Tras la aprobación en el Senado de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el constitucionalista Pedro Caminos desglosó los tres capítulos que componen la norma y advirtió sobre el retroceso del Gobierno nacional respecto a su intención original de eliminar restricciones en la tenencia de tierras rurales.

Ley de inviolabilidad de la propiedad privada: el constitucionalista Pedro Caminos explicó sus tres capítulos y el “retroceso” del Gobierno en tierra...
Ley de inviolabilidad de la propiedad privada: el constitucionalista Pedro Caminos explicó sus tres capítulos y el “retroceso” del Gobierno en tierra... Foto: Fénix 95.1

En diálogo con Multiplataforma Fénix, el abogado constitucionalista Pedro Caminos explicó el contenido de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, aprobada este jueves en el Senado.

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Los tres ejes de la nueva norma

Caminos señaló que la ley funciona como un cuerpo que reúne diversas temáticas. El primer capítulo modifica la ley de expropiaciones a nivel nacional, mientras que el segundo altera los procedimientos de desalojo, aunque aclaró que este último punto se limita exclusivamente a la Ciudad de Buenos Aires.

El tercer eje, referido a las tierras rurales, establece un tope del 15% para la tenencia de extranjeros, replicando el límite a nivel nacional, provincial y municipal. Según el especialista, esta medida marca un retroceso en la postura inicial del Gobierno, que buscaba eliminar las restricciones basadas en la nacionalidad tras encontrarse con una opinión pública poco dispuesta a aceptar ese cambio.

Cuestionamientos al DNU 70/2023

El abogado calificó al DNU 70/2023 como un instrumento muy problemático al intentar una reforma integral del derecho argentino mediante un solo decreto. Sostuvo que resulta inaceptable que el Presidente pretenda modificar cientos de regímenes sin justificar la necesidad y urgencia de cada uno de ellos de manera individual.

Caminos recordó que la carta magna prohíbe al Presidente dictar normas legislativas salvo en casos excepcionales y remarcó que no basta con que al mandatario le parezca un tema importante para eludir la discusión habitual en el Congreso.

Respecto a la ley de discapacidad, el constitucionalista aclaró que no existen denuncias penales contra el Presidente y señaló que, de aprobarse el Presupuesto, la atención deberá centrarse en si los organismos correspondientes ejecutan efectivamente los fondos destinados a subsidios.

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