Bullrich marca distancia de Milei tras la condena a periodistas en Formosa

La información se desprende de las declaraciones públicas emitidas por la funcionaria a través de la red social X, tras conocerse el fallo judicial que sanciona el ejercicio de la actividad periodística en la provincia norteña.

Diferencias en el oficialismo

En un mensaje público, Bullrich cuestionó la gestión del gobernador Gildo Insfrán al plantear interrogantes sobre la vigencia de la libertad y la democracia en Formosa, enfatizando que el periodismo no debería ser motivo de arresto.

Esta postura contrasta con la del presidente Javier Milei, quien celebró el fallo judicial el pasado viernes y utilizó términos despectivos para referirse a los profesionales afectados y a la prensa en general. Cabe recordar que, recientemente, el mandatario había instado a su bloque legislativo a evitar confrontaciones con los gobernadores provinciales.

El fallo judicial y la cobertura en Las Lomitas

La resolución N° 351/2026, firmada por el juez Omar Padilla, impuso cinco días de arresto a la cronista Micaela Urdinez, al camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, al sonidista Joaquín Rajadel y al director audiovisual Javier Federico Corbalán. La pena puede ser reemplazada por el pago de una multa de $282.550 por persona.

El magistrado fundamentó la medida en el artículo 73 del Código de Faltas provincial, alegando que los trabajadores carecían de autorización y carnet habilitante para realizar coberturas en la comunidad originaria San José, durante un proyecto periodístico desarrollado en septiembre de 2025.

Repudio de entidades del sector

La sentencia despertó el rechazo inmediato de organizaciones como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).

Ambas instituciones coincidieron en denunciar la criminalización de la labor informativa. ADEPA subrayó que en el territorio argentino no existe requisito legal de licencia, matrícula o autorización estatal para el ejercicio del periodismo.

La condena ha vuelto a instalar en la agenda pública el debate sobre la autonomía de las normativas provinciales frente a los derechos constitucionales de libertad de expresión y el ejercicio profesional del periodismo en todo el país.