La Rioja registra los mejores indicadores de acceso al efectivo dentro del Noroeste Argentino, según un relevamiento de Plataforma Denaria Argentina basado en datos del BCRA y el Censo 2022.

El estudio, publicado en octubre de 2026 por el Observatorio de la organización, forma parte del informe «Las diez verdades del efectivo en la Argentina» y analiza la cobertura financiera en las provincias del NOA.

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Situación comparativa en el NOA

El informe revela que el 21,1% de las localidades riojanas se encuentra a 15 kilómetros o más de un punto de acceso al efectivo, una condición denominada «desierto de efectivo» que afecta a 5.290 personas.

Al contrastar estos datos con el resto de la región, La Rioja presenta la situación más favorable frente a Salta (25,8%), Catamarca (33,1%), Jujuy (34,5%) y Santiago del Estero, que encabeza la lista con un 57,8% de sus localidades afectadas.

El impacto de los «desiertos de efectivo»

La denominación de «desierto de efectivo» identifica a aquellas comunidades donde los habitantes deben recorrer distancias significativas para realizar operaciones básicas. Esta problemática se agrava en el norte argentino debido a la combinación de deficiencias en infraestructura financiera y limitaciones en la conectividad digital.

El informe destaca la existencia de una categoría denominada «doble abandono», que engloba a quienes carecen tanto de acceso cercano al efectivo como de conectividad plena, una realidad que afecta a 335.557 personas a nivel nacional.

405 localidades del NOA presentan dificultades de acceso al efectivo.
309.895 habitantes de la región viven a más de 10 kilómetros de un punto de extracción.
El NOA concentra el 60% de la población nacional en situación de «doble abandono».

Antonio Montero, director ejecutivo de Denaria Argentina, advirtió que la concentración de estos indicadores en el norte del país refleja una desigualdad estructural. Si bien La Rioja muestra una posición superior a sus vecinas, la persistencia de personas afectadas subraya la necesidad de políticas que reduzcan las brechas territoriales en el acceso a servicios financieros.

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