La Justicia riojana intervino en el conflicto que atraviesa al notariado provincial al dictar una medida cautelar que limita el alcance de las asambleas del Colegio de Escribanos, ratificando la plena vigencia y obligatoriedad de la Caja Notarial.

La información fue confirmada por el abogado Mario Tarchini, representante de la Caja Notarial, tras la resolución de la jueza Ana Carolina Curtis, de la Sala 3 de la Cámara Primera, en el marco de la convocatoria a una asamblea extraordinaria.

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Alcances de la medida judicial

La magistrada Ana Carolina Curtis avaló el derecho de reunión de los profesionales, pero estableció una restricción específica: prohibió tratar, debatir o votar cualquier cuestión vinculada con la vigencia, la administración o el carácter obligatorio de la Caja Notarial de La Rioja.

El abogado Mario Tarchini, representante legal de la entidad, valoró la decisión judicial al señalar que ratifica la confianza en la legalidad vigente. Según explicó, la Ley Provincial N.º 10.855 define a la Caja como una entidad autónoma y obligatoria desde febrero pasado.

Fundamentos sobre la obligatoriedad del aporte

Desde la representación legal de la Caja se enfatizó que un sistema de aportes voluntarios carecería de sentido y comprometería la subsistencia del instituto, cuya función principal es la administración de las futuras jubilaciones de los escribanos.

Tarchini comparó este esquema con otros sistemas previsionales, argumentando que la obligatoriedad es una condición necesaria para garantizar la conformación de los fondos jubilatorios. Asimismo, precisó que el aporte mensual fijado es de 35.000 pesos.

El aporte mensual es de 35.000 pesos.
La Ley Provincial N.º 10.855 establece la obligatoriedad del sistema.
La Justicia busca evitar que se fomente el incumplimiento de la normativa vigente.

Tensión en el sector notarial

El conflicto se agudizó tras declaraciones de la presidenta del Colegio de Escribanos, Ana Cecilia Montero, quien manifestó que un sector mayoritario de los profesionales cuestiona la ley actual. Por su parte, la Caja Notarial advirtió sobre la existencia de una campaña que busca desalentar el cumplimiento de la norma.

Respecto a las consecuencias por falta de pago, se aclaró que, si bien no existen sanciones penales, el incumplimiento puede derivar en procesos de ejecución de deuda, similar a lo que ocurre con otros impuestos provinciales.

El letrado concluyó que el funcionamiento de cajas profesionales en todo el país se basa en la obligatoriedad, subrayando que la sentencia judicial busca preservar el fin previsional para el cual fue creada la institución en la provincia.

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LA JUSTICIA RATIFICÓ LA VIGENCIA Y OBLIGATORIEDAD DE LA CAJA NOTARIAL