A cuatro años del siniestro aéreo ocurrido en Río Grande, se solicitó la elevación a juicio de cinco integrantes del taller de mantenimiento Air Delta S.R.L., acusados por la caída de la aeronave que resultó en la muerte de cuatro personas.

La información fue comunicada a través del sitio Fiscales, tras la presentación realizada por el fiscal federal Marcelo Rapoport ante el Juzgado Federal de Río Grande.

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La acusación y el rol de los imputados

El requerimiento judicial alcanza a tres mecánicos, un inspector y el representante técnico del taller, quienes fueron imputados por el delito de accidente aéreo culposo agravado por la muerte de cuatro personas. Según la acusación, los involucrados habrían omitido procedimientos de seguridad fundamentales durante las tareas de mantenimiento de la aeronave Learjet 35A.

La causa técnica del siniestro

Las pericias, que contaron con la participación de especialistas de la Fuerza Aérea Argentina, determinaron que la causa central del accidente fue la ausencia de los denominados 'clips de bloqueo'. Estos elementos de seguridad son esenciales para evitar que los tensores de los cables de interconexión de los alerones se aflojen durante el vuelo.

La falta de estas piezas provocó la desconexión de los cables y la consecuente pérdida de control de la aeronave durante la maniobra de despegue. El perito oficial, Miguel Cafaro, calificó esta omisión como una 'falta gravísima' que resultó determinante para el desenlace fatal.

Orden de trabajo N° 1605 (febrero de 2020): Se cuestiona la falta de instalación de los clips de bloqueo tras tareas de tensión.
Orden de trabajo N° 1819 (noviembre de 2021): Se señala la omisión de detectar la ausencia de la pieza de seguridad durante una revisión de mantenimiento.

La postura fiscal

El fiscal Rapoport argumentó que la conducta de los imputados debe evaluarse bajo las reglas de la autoría concurrente, al considerar que existían deberes de cuidado específicos, delimitados y sucesivos dentro del taller. Asimismo, el representante del Ministerio Público rechazó los argumentos de la defensa respecto a una supuesta falta de claridad en los manuales de mantenimiento, sosteniendo que el personal técnico tenía la obligación de conocer los protocolos de seguridad.

De ser encontrados culpables tras el proceso judicial, los acusados podrían enfrentar penas de prisión que oscilan entre uno y cinco años.

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